A fines de marzo de 2017, parecía que el caso Sodalicio se encaminaba a una vía de justicia. El fiscal superior Frank Almanza decidió que la denuncia presentada por los exsodálites José Enrique Escardó, Óscar Osterling, Pedro Salinas, Martín y Vicente López de Romaña sobre secuestro, lesiones graves y asociación ilícita para delinquir debía ser nuevamente investigada. 

Almanza detectó que la indagación de la fiscal María del Carmen Peralta tenía graves deficiencias: testigos que no fueron llamados, peritajes descartados, interrogatorios conducidos en forma ineficiente y carencia de fundamentos adecuados. 

Peralta fue suspendida en sus funciones durante un mes por el Ministerio Público, debido a estos errores y omisiones. Esta decisión ha sido apelada por la representación legal de los denunciantes, encabezada por el abogado Héctor Gadea, porque ha sido considerada como insuficiente. 

Actualmente el caso se encuentra a cargo de la fiscal María del Pilar León Pizarro, titular de la 18° Fiscalía Provincial Penal de Lima. La investigación ha sido declarada compleja, por lo que ella tiene 8 meses para indagar. 

Gadea nos confirmó que la fiscal viene tomando declaraciones a testigos y víctimas de los abusos cometidos en el Sodalicio. También ha hecho pedidos de documentación a la entidad católica sobre diversos aspectos de su manejo institucional. Él también refiere que las indagaciones avanzan de forma lenta y nos explica los motivos: 

"Una fiscalía común no se da abasto para un caso de tanta complejidad. Ello sobrepasa las capacidades institucionales de la misma. Esa es la explicación por la que solicitamos siempre que sea una fiscalía de criminalidad organizada la que esté a cargo del caso. Este tipo de instancia se dedica a casos puntuales, con bastantes recursos humanos y de infraestructura, con mayores plazos para que puedan ver una investigación de esta naturaleza. Las normas sobre criminalidad organizada brindan al Fiscal de la Nación la facultad de enviar un caso a este tipo de fiscalías". 

Hasta la fecha, el Fiscal de la Nación Pablo Sánchez Velarde no ha enviado este caso a las Fiscalías Especializadas en Criminalidad Organizada. La fiscal León Pizarro pidió el traslado del caso, pero su pedido no ha sido atendido. 

Salinas nos confirma que el caso se maneja con lentitud, aunque vislumbra algunos avances. “No me han vuelto a llamar a declarar, pero están comenzando a convocar a personas que estaban en la lista original que no fue tomada en cuenta por la fiscal Peralta. Algunas de estas personas declararon para el libro Mitad Monjes, Mitad Soldados y otras no”. El periodista nos confirmó que la fiscal León ya ha solicitado el volumen sobre los abusos en la entidad católica conservadora. 

"Un abusador de las características de Figari no deja de serlo de la noche a la mañana. Si se investiga en serio, se podrían encontrar casos de abuso sexual que no hayan prescrito. Lo mismo con otros líderes de la organización”.

Actualmente, la investigación recae sobre Figari, el sacerdote Jaime Baertl, el exfuncionario de la Organización Internacional del Trabajo Virgilio Levaggi, así como en miembros actuales del Sodalicio como José Ambrozic, Eduardo Regal, Óscar Tokumura y Erwin Scheuch.  

Si bien el Sodalicio no se ha pronunciado sobre esta nueva investigación, Gadea señala que la entidad católica no viene colaborando adecuadamente con las investigaciones. De hecho, el abogado nos refirió que el SVC viene buscando que la fiscal León Pizarro emita de una vez su informe, para que la investigación se cierre. La institución tampoco está entregando información solicitada por el Ministerio Público. "Uno es el discurso hacia la tribuna y otro hacia la fiscalía", refiere Gadea. 

De Belaúnde presentó hace unos meses una moción multipartidaria para la creación de una comisión investigadora sobre el caso Sodalicio. En marzo pasado, fue rechazada por el Consejo Directivo del Congreso de la República. Para el parlamentario, esta decisión fue antireglamentaria, porque estas mociones deben ser vistas en el Pleno. 

Si bien se logró que la moción pase a la agenda del Pleno, no ha sido discutida hasta el día de hoy. "Es potestad del presidente del Congreso de la República definir cuando se debate”, refiere el congresista oficialista. Sin embargo, el actual titular de dicho poder del Estado, Luis Galarreta, fue bastante duro como vocero de Fuerza Popular frente a este pedido de creación de la comisión investigadora. 

De Belaúnde mantiene cierto optimismo sobre la aprobación de su pedido: “Yo creo que tarde o temprano este tema se va a poner en debate.  Estamos ante un caso de interés público, de carácter emblemático y lo que aprendamos de esta investigación, dará importantes lecciones para nuestro país y nos permitirá modificar el marco legal para que estos casos no se repitan”. 

En la conversación que sostuvimos, resaltó la importancia del tema a partir de lo ocurrido con el sacerdote chileno Abel Pérez Ruiz, integrante de la congregación Marista, sindicado por 14 personas por abusos sexuales y que actualmente está en el Perú.

Salinas es más pesimista ante la posibilidad de una comisión investigadora, sobre todo, por las coincidencias entre el Sodalicio y Fuerza Popular

“No se va a mover absolutamente nada. Y si se mueve algo, va a ser un gesto de efecto para la tribuna. Porque en un congreso donde la mayoría la tiene el fujimorismo, que es un aliado táctico del Sodalicio, no hay forma que se cree una comisión investigadora del caso. Digo que es un aliado tácito porque cada vez que hay marchas por la vida, contra la unión civil o cualquiera donde la Iglesia Católica – entendida como Opus Dei, Sodalicio y todo el grupo más conservador – y los evangélicos más recalcitantes, están ellos”. 

Diversos medios de comunicación han dado cuenta que uno de los asesores principales de Keiko Fujimori, Pier Figari, es pariente del sacerdote sodálite Juan Mendoza. Figari es conocido por ser uno de quienes "baja línea" al interior del grupo parlamentario mayoritario, junto a a la asesora Ana Vega. Y si bien Kenji Fujimori manifestó públicamente su posición contraria a enterrar el caso, su núcleo de más de veinte congresistas también tiene a parlamentarios evangélicos con más de una coincidencia con el Sodalicio. 

La organización católica conservadora mantiene vínculos familiares con otros líderes partidarios. Luis Castañeda Lossio es tío de Germán Doig, fallecido vicario del Sodalicio acusado de abusos sexuales. Ugaz refiere que “con Solidaridad Nacional hay una afinidad. Tienes el caso de la entrega del terreno de Ancón al Sodalicio para que hagan un cementerio”. El exparlamentario del PPC Juan Carlos Eguren - hoy dedicado a la gestión de intereses - es tío del miembro del Consejo Directivo sodálite Carlos Neuenschwander. Ambos comparten las mismas posiciones conservadoras. 

Un vínculo mayor es el existente entre el expresidente Alan García y el sacerdote Jaime Baertl, quien durante años fue el hombre fuerte de las finanzas de la institución. Baertl bautizó al hijo menor del exmandatario, cuando aún ocupaba Palacio de Gobierno. “La relación no se ha roto para nada. Baertl es cercanísimo a Alan García”, refiere Ugaz. Sin embargo, parlamentarios apristas sí se mostraron a favor de la investigación parlamentaria. 

De hecho, el Sodalicio hizo gala de sus influencias políticas para parar la moción presentada por De Belaúnde. El congresista nos confirmó que miembros de la entidad católica acudieron al Congreso de la República para hacer presión en contra de su pedido y reveló un hecho bastante grave:

“Lamentablemente no existe registro de sus visitas a las instalaciones del Congreso de la República. Ello no es difícil que pase. Basta que un miembro de la oficina del congresista que autoriza la entrada ingrese con ellos al edificio para que no quede registro alguno de la visita, lo cual está mal. Debe ser obligatorio que cualquier persona se registre y la información sea de acceso al público. 

De acuerdo con la versión del parlamentario, "el actual responsable del Sodalicio en el Perú fue quien visitó a distintos congresistas de distintas bancadas dando el mensaje que este tema no debería ser visto por el Congreso y mintiendo al señalar que la comisión atacaría a la Iglesia Católica como institución”. 

Según pudimos conocer por diversas fuentes que se mantienen en reserva, fueron varias personas ligadas al Sodalicio de Vida Cristiana quienes esgrimieron ante los congresistas de diversas bancadas que la comisión serviría como instrumento contrario al cardenal Juan Luis Cipriani y para revisar el Concordato, tratado entre el Perú y la Santa Sede que otorga beneficios de diverso tipo a la Iglesia Católica. De Belaunde desmintió que el grupo de trabajo hubiera tenido este último propósito. 

Solicitamos reiteradamente al Sodalicio de Vida Cristiana una versión sobre estas visitas al Congreso de la República, sin obtener una respuesta oficial o extraoficial sobre las mismas hasta el cierre de este informe. 

En febrero pasado, De Belaúnde viajó a Australia. Allí conoció la experiencia de la Comisión Real de Respuesta Oficial a los Abusos Sexuales a Menores, grupo de trabajo creado por el Poder Ejecutivo para investigar casos vinculados a diversas instituciones. "Lo que ha sucedido es que el 65% de denuncias registradas corresponden a la Iglesia Católica. Es un trabajo muy serio, mas de dos años”, refiere el parlamentario. 

Para Salinas, el esquema australiano es interesante y podría ser tomado en cuenta en nuestro país: "Yo soy partidario de tener a Australia como referente. Se puede hacer una comisión de la verdad a nivel nacional, porque estas cosas no solo pasan en Lima. En esta investigación de largo aliento, se ha involucrado al cardenal George Pelt, el número 3 del Vaticano, quien manejaba las finanzas de la Santa Sede”. 

De Belaúnde coincide en contar con una suerte de comisión de la verdad para investigar casos de abusos a menores. "Esto podría salir con un Decreto Supremo del Poder Ejecutivo. Lamentablemente, aún no ha existido la voluntad política para ello", admite el parlamentario oficialista. 

Salinas se muestra escéptico sobre la posibilidad de creación de una comisión de este tipo por parte del actual gobierno. “Cuando tienes gente en el Poder Ejecutivo a cargo de la visita del Papa, yo no espero ningún tipo de ánimo fiscalizador”, sostiene el periodista. 

Ugaz comparte la misma impresión: "Es un gobierno muy frágil". Y también detalla que el Ministerio de Educación tampoco actuó para supervisar a los colegios del Sodalicio: "Ni siquiera se hizo una visita de campo. De hecho, cuando pasó la denuncia en el caso Juan Borea - promotor del colegio Héctor de Cárdenas acusado de tocamientos indebidos a menores - , la procuradora fue al plantel. En este caso, no pasó nada. Algunos padres de familia denuncian es que han vuelto los sodálites a los colegios vinculados a la organización, sobre todo al San Pedro”, refiere la periodista. 

Hace dos meses, padres de familia que tenían a sus hijos en el Colegio San Pedro decidieron denunciar al plantel ante INDECOPI para que se les devuelva la cuota de ingreso y se les reintegren los gastos hechos para trasladar a los menores a otros colegios. La entidad administrativa ha declarado el caso como confidencial. Erickson Molina, patrocinante de los apoderados de los exalumnos del colegio sodálite, confirmó esta decisión y se excusó, por ello, en dar mayores detalles sobre el caso. 

Quizás ahora se entiende mejor el silencio en las sedes de Camacho y San Borja de la golpeada, pero aún poderosa, institución conservadora.